Nos conmueve la serie de masacres carcelarias: Mendoza, Va Gobernador Gálvez, Córdoba, Coronda, Magdalena, entre muchas otras y, ahora, Santiago del Estero.

Como siempre, se abrirá una investigación para rehuir responsabilidades más que para averiguar los responsables. Pero éstos están ya determinados por la ley sin importar lo que resulte de un expediente.

Las Cárceles son para seguridad y no para la muerte de los encarcelados alojados en ella y toda conducta de la Administración que no pueda evitar esos sucesos es una omisión gravísima que hace responsables a los funcionarios, políticos y de carrera, que debieron adoptar las medidas adecuadas (cf art 18 in fine de la Constitución Nacional).

Es, también, responsabilidad de los jueces dado que es inadmisible que envíen a las personas carceladas a lugares que están contra la ley porque no se encuentran en condi-ciones de garantizar la vida de los seres humanos que alojan. Tan grave como estar ilegalmente encarcelado es estar encarcelado en situación ilegal (vid Documento de Asunción) y los jueces no pueden alegar desconocimiento de lo que quieren ignorar. La necesidad de prevenir o sancionar conductas de los carcelados no justifica tales situaciones (ibid).

Es, por fin, responsabilidad del Estado por una grave falta de servicio, pero ésta es la de aquellos, de modo que no la reemplaza.

Como profesionales afirmamos que, para terminar con esta cadena de sucesos, alcanza con cumplir con la Constitución Nacional y los compromisos internacionales del Estado Argentino y es suficiente con terminar con la corrupción institucionalizada; pero es necesario acabar con los abusos y la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, físicos y psíquicos, que son moneda corriente en nuestras unidades penitenciarias y policiales.

Adherimos a la Declaración de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Santiago del Estero y asumimos el compromiso de colaborar en la construcción de una sociedad más justa y solidaria donde tengan vigencia los mandatos amorosos de Dios y donde las leyes de los hombres que mandan proteger la vida se cumplan con eficiencia.

BUENOS AIRES, Noviembre 09 de 2007