Debate sobre "buenas políticas penitenciarias"

Enviado por José Miguel Marengo

Funcionarios y juristas alertaron que el 70 por ciento de los reclusos de Latinoamérica está preso sin condena, algo violatorio de los derechos humanos.

Agencias Télam y EFE

Buenos Aires. La situación carcelaria en Argentina y América latina atraviesa una crisis de “extrema emergencia”, donde se “violan los derechos humanos”, sostuvieron autoridades nacionales y funcionarios de distintos países durante las jornadas sobre políticas penitenciarias iniciadas ayer.

“La problemática penitenciaria está atravesando una situación muy crítica y de emergencia extrema en casi todos los países de las Américas”, destacó Florentín Meléndez, titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), al dar comienzo al Seminario Latinoamericano de Buenas Prácticas Penitenciarias.

El encuentro, que se extiende hasta el viernes, se inauguró con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Alberto Iribarne, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, Meléndez y representantes de 17 países.

Delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela debatirán sobre la situación carcelaria en Latinoamérica, con el objetivo de “desarrollar parámetros de buenas prácticas penitenciarias que puedan constituir un modelo susceptible de aplicación en todo el ámbito regional”.

La expectativa es que esto ayude a mejorar las condiciones de detención en las cárceles y a garantizar los derechos humanos de los presos. Así lo expresaron los organizadores del evento, a cargo de la Cidh, el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.

En su discurso, Meléndez apostó al “compromiso para lograr que la regla general sean las buenas prácticas penitenciarias y no una excepción, como es en la actualidad”.

En este marco, la titular de la Defensoría General remarcó que “el eje de esta convocatoria es paliar la crisis por la que atraviesa todo el sistema carcelario, un ámbito de violación de los derechos humanos”.

Recordó la crítica situación de una unidad carcelaria de Santiago del Estero, donde recientemente murieron 33 detenidos y la definió como una “tragedia repetida que ya tiene nefastos antecedentes en nuestro país”.

Presos por las dudas. En tanto, Zaffaroni se refirió a la función de la prisión y a las condiciones procesales de los detenidos en América latina y destacó que “el 30 por ciento de los presos cumple penas del Código Penal y el 70 restante está preso por las dudas”.

“Hay una violación masiva al principio de presunción de inocencia; estamos aplicando penas sin condena, sin sentencia”, afirmó, tras contextualizar la situación general como de “enorme poder controlador del Estado moderno, de vigilancia sobre toda la ciudadanía”.

Por su parte, Iribarne destacó que “los principios rectores de la política penitenciaria nacional son mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, lograr la reinserción social de las personas cuando abandonan la prisión”.

“Lo más importante como balance de estos últimos años es que se revirtió la tendencia de abandono en materia penitenciaria”, estimó. Por último, hizo referencia Devoto, Ezeiza y la Unidad 20, a tres casos “muy graves de sobrepoblación carcelaria en condiciones de hacinamiento” en los que se redujo significativamente la población penitenciaria.

También participó en el seminario el profesor de la Universidad de Barcelona y director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, el español Iñaki Rivera Beiras, quien afirmó que “el sistema penitenciario es obsceno y la cárcel es un problema y no una solución”.

“Los problemas sanitarios convierten la pena carcelaria en una pena de muerte ralentizada y los malos tratos y torturas se suceden”, dijo Rivera.